Entendemos por convivencia escolar la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, respetando las normas que de común acuerdo aprueban y que tiene incidencia significativa en el desarrollo jurídico, ético, socio-afectivo e intelectual de la comunidad educativa.
Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción.
La calidad de la convivencia, así entendida, en la escuela, es un antecedente decisivo que contribuirá a configurar la calidad de la convivencia ciudadana, en tanto la comunidad educativa constituye un espacio privilegiado de convivencia interpersonal, jurídica, social y organizacional que servirá de modelo y que dará sentido a los estilos de relación- entre los niños, niñas y jóvenes, futuros ciudadanos del país. Por ello, una de las formas de avanzar en la construcción de una democracia sana y sustentable, es reconocer la importancia del Derecho Educativo en el ámbito de la convivencia.
En el marco de transformaciones
de nuestra sociedad, se demanda a la escuela
poner énfasis en la convivencia escolar democrática, entendida como una
oportunidad para construir nuevas formas de relación inspiradas en los valores
de autonomía, diálogo, respeto y solidaridad. Es decir, si pensamos en una
escuela que brinda a sus alumnos y alumnas, a sus docentes y no docentes,
oportunidades para expresarse, participar, decidir y ejercer responsablemente
su libertad, dictando la normativa de derecho que los rija; dispondremos de una
plataforma de formación de extraordinaria potencialidad, que estará apoyando a
los estudiantes en su búsqueda de identidad e integración social, en la
definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de su autonomía y en
el desarrollo de actitudes jurídicas, a través del ejercicio del Derecho
Educativo.
La convivencia consiste en gran
medida en compartir. Y a compartir se aprende: a compartir derechos y deberes,
tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje
de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia
basada en el respeto mutuo de lo reglado, son la base del futuro ciudadano en
una cultura de país animada por la construcción de proyectos jurídicos comunes.
Y ese aprendizaje tiene lugar importante en la experiencia escolar. Hay
espacios especialmente privilegiados, como el del Consejo de Curso, en que se
espera que los alumnos y alumnas desarrollen hábitos de debate respetuoso; de
utilización del diálogo para resolver discrepancias; de búsqueda de consensos y
de asignación de responsabilidades para realizar proyectos normativos; de
confluencia de conductas, esfuerzos y eficiencia en pro del bien común.
Hay que tener presente la
influencia que ejerce en la calidad de la convivencia y en la formación
jurídica, la metodología utilizada en clases por los docentes: ella puede
contribuir en forma decisiva al respeto de lo normado, a la estimulación del
pensamiento crítico, a destacar la importancia que tiene la fundamentación de
las posturas personales y el respeto por las posiciones diferentes, a ejercer
prácticas de autoevaluación, a desarrollar capacidades de análisis y a la
utilización de un lenguaje correcto y preciso para expresar un pensamiento, y
tantas otras competencias que favorecen la dignidad de las interrelaciones.
Cabe destacar la incidencia que
tiene el Derecho Educativo en la calidad del clima escolar. El desarrollo
cognitivo se ve ciertamente favorecido por la práctica de los valores de
respeto, tolerancia y colaboración, así como por la calidad de las habilidades
sociales de alumnos, ex alumnos, padres, docentes, no docentes, administrativos
y, en general, de todos los miembros de la comunidad educativa. Los ambientes
en que están presentes la agresión, la intolerancia y la violencia, se ven
cargados de distractores emocionales que interfieren significativamente en los
procesos de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y destrezas.
La protección del clima escolar
requiere de una reflexión sobre la importancia del derecho en las relaciones
humanas y en la organización de la escuela. La estructura jerárquica tiene una
función ordenadora para la acción, y se fundamenta en los valores asignados a
la experiencia, al conocimiento y competencias que confieren autoridad y que se
relacionan con la responsabilidad normativa asignada a los diferentes roles.
Los estudiantes crecen en una comunidad así estructurada, y en ella aprenden a
valorar la jerarquía y a relacionarse con ella, comprendiendo la importancia
que ella tiene para la eficacia de la gestión y para la definición y realización
del bien común. Un clima escolar de paz se ve fortalecido cuando las normas,
validadas por la comunidad escolar, son cumplidas; cuando las autoridades son
respetadas y cuando las discrepancias, inquietudes o reclamos son formulados
con respeto a través de los canales de participación formales que establece la
organización de la comunidad.
La experiencia nos permite
afirmar que la calidad de la normativa de convivencia favorece la calidad de
los aprendizajes. Es así que el gran objetivo de lograr una buena calidad de
convivencia va a incidir significativamente en la calidad de vida personal y
común de los estudiantes, va a ser un factor de primera importancia en la
formación jurídica para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de
aprendizaje cognitivo, mejorando logros y resultados.
Hay que destacar, por otra
parte, que la calidad de los aprendizajes cognitivos, así como el desarrollo de
la creatividad y de la capacidad de gestión, son factores que a su vez otorgan
un nivel enriquecido y mejorado a la formación del espíritu jurídico: en
efecto, ésta no constituye solamente un aprendizaje de prácticas de formas de
participación, derechos respetados, calidad afectiva de las relaciones,
solución de conflictos. Estas prácticas de la vida en común —para que
constituyan una verdadera cultura cívica— deben ser alimentadas por
conocimientos, comprensión de argumentos, competencias lingüísticas,
interpretación de los hechos y derechos, capacidad de análisis y de formulación
de conclusiones propias. Los aprendizajes, en todas sus dimensiones: cognitiva,
ética y socio afectivo, son la base de la formación ciudadana.
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